Imserso Instituto de Mayores y Servicios Sociales

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Derechos de las personas usuarias del Centro

Toda persona usuaria del Centro tendrá derecho a:

• Acceder al centro sin discriminación por razones de sexo, raza, religión, ideología y cualquier otra coincidencia o circunstancia personal o social.
• La máxima intimidad personal y la protección de la propia imagen. Al secreto profesional de su historia sanitaria y social y a la protección de sus datos.
• Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.
• Participar en los servicios y actividades que se organicen y colaborar con sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de los mismos.
• Formar parte de las Comisiones que se constituyan.
• Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidos para la atención a la persona usuaria en el Centro, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
• Participar como elector y elegible en los procesos electorales del Centro.
• Elevar verbalmente o por escrito propuestas relativas a las mejoras de los servicios, tanto a la Junta de Participación como a la Dirección del Centro.
• Ausentarse del Centro los fines de semana con objeto de potenciar la integración sociofamiliar.
• Ausentarse voluntariamente del Centro por un máximo de cuarenta y cinco días al año manteniendo el derecho a la reserva de plaza. La utilización de este derecho requerirá la previa comunicación a la Dirección del Centro de la fecha de comienzo y duración aproximada de la ausencia, así como informe del Equipo Multiprofesional.
• Recibir visitas fuera de las horas de tratamiento e invitar a comer al Centro a familiares y amistades, con arreglo a la minuta del día, previo permiso de la Dirección en las condiciones recogidas en el Reglamento de Régimen Interior y abonando las cantidades que para este concepto se señalen.
• Efectuar salidas sin ayudas del personal del Centro, dentro de las horas reguladas en el Reglamento de Régimen Interior, y en las condiciones que se establezcan por prescripción facultativa.
• A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas y todos los demás derechos determinados en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.